Por Gustavo Rodríguez Cáceres

El momento en el que un asegurado en el sistema de pensiones solicita su pensión a las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), éstas toman el dinero ahorrado en la Cuenta Personal Previsional (capital acumulado) del asegurado y —por medio de un modelo financiero-actuarial que aplica una tasa de descuento y un factor de probabilidad de vida para cada año— lo distribuyen en el tiempo presumiendo que dicho asegurado y/o sus derechohabientes van a llegar a vivir hasta los 110 años de edad.

Sí, aunque usted no lo crea, de acuerdo a las leyes que regulan el sistema de pensiones en Bolivia, los asegurados al mismo pueden llegar a vivir hasta los 110 años —cual si fuesen matusalén.

¿Qué efecto tiene esta determinación en el monto de pensión? Antes de contestar, cabe aclarar que la distribución del dinero no se hace en partes iguales, sino en fracciones decrecientes; las fracciones más grandes se dejan para los primeros años y las más pequeñas para los últimos. Esto es así porque el capital acumulado por los asegurados, aunque distribuido hasta los 110 años, continua ganando interés; razón por la cual, para entregar 1.000 Bs. en 10, 20 o 30 años no es necesario guardar esos 1.000 Bs. desde el principio; estimando la tasa de interés que ganará el dinero (lo que técnicamente se denomina Tasa de Descuento) será suficiente reservar montos menores a 1.000, montos que con el paso del tiempo y el interés ganado irán equiparando esa cifra.

Ahora, supongamos que un asegurado decide jubilarse a los 60 años, entonces distribuirán su dinero por un lapso de 50 años; si se jubila antes su capital acumulado se distribuirá por más tiempo, si se jubila después se distribuirá por menos tiempo. Así, un mismo capital —dejando las otras variables estáticas— entregará un mayor monto de pensión a las personas que se jubilen a los 65 años, que a los que se jubilen a los 60 o a los 55. Contestando la pregunta realizada líneas arriba, un monto de pensión aumentará o disminuirá, dependiendo la cantidad de años en los que el capital acumulado se haya distribuido.

El criterio que subyace en esta forma de cálculo, es que el dinero acumulado por los asegurados no puede ser retirado de una sola vez sino en fracciones; de tal manera que se constituya en el pago de una pensión de vejez mensual, a dichos asegurados y sus derechohabientes, hasta el final de sus días. Se asume que si ese dinero se retirase de golpe, los que lo hicieren correrían riesgos innecesarios y no siempre lo utilizarían de manera correcta y responsable, dejando desprotegida su vida en la vejez. El criterio no es malo, de hecho, está en la base misma de cualquier sistema de Seguridad Social.

El problema, sin embargo, comienza porque nadie sabe cuándo va a fallecer un asegurado ni sus derechohabientes; por lo tanto, nadie puede decir con precisión hasta qué fecha el grupo familiar necesitará recibir una pensión, y por ende, nadie puede decir porqué periodo de tiempo habrá que distribuir el capital acumulado de un asegurado.

Para subsanar este problema los sistemas de pensiones del tipo que hay en Bolivia utilizan Tablas de Mortalidad. Existen Tablas que extienden la probabilidad de vida hasta los 95 años, otras hasta los 100, otras hasta los 110 e, incluso, un poco más. No, no es que sean Tablas mal elaboradas, sino que en los registros sobre los que se basaron, seguramente había personas —pocas claro está— que fallecieron a esas edades, dando lugar a esa extensión de años.

Las Tablas de Mortalidad, al ser construidas con base en los registros de nacimiento y fallecimiento de largos periodos de tiempo dan lugar a unos factores que reflejan —con razonable precisión— la probabilidad de vida o de muerte de las personas de una sociedad o, incluso, de un grupo social, según la edad que hayan alcanzado. Sin embargo de esta capacidad predictiva de las Tablas, el problema está en que los sistemas de pensiones en toda Latinoamérica, no sólo en Bolivia, generalizan su aplicación a todos los asegurados sin ninguna consideración a su realidad específica. 

Supongamos que un asegurado que no tiene derechohabientes decide jubilarse a los 60 años, pero al mismo tiempo ha sido diagnosticado de un cáncer de nivel medio o de un problema avanzado en los riñones, entonces es evidente que su horizonte de vida se ve acortado a 5 o 10 años a lo sumo, aunque la Tabla asigne a todos los asegurados la probabilidad, por pequeña que sea, de llegar a los 110 años. Siendo así ¿qué sentido tiene distribuir el capital acumulado por este asegurado hasta los 110 años?

Pero, no es necesario imaginar enfermedad alguna. El asegurado común y corriente —y perfectamente saludable— tampoco va a llegar a los 110 años. Particularmente en Bolivia, cuyas Tablas de Mortalidad construidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sólo van hasta los 80 años, y a partir de ahí estiman una esperanza de vida de seis años más. Sólo como referencia tómese en cuenta que, de acuerdo a los Censos, el 2001 sólo 9 de cada 1.000 y el 2012 sólo 14 de cada 1.000 personas atravesaron el umbral de los 80 años. En ese marco, vale la pena volver a preguntar: ¿Qué sentido tiene calcular un monto de pensión, distribuyendo el capital acumulado por los asegurados hasta los 110 años?

Los defensores de esta forma de calcular una pensión, arguyen que el dinero que se reserva para los años más lejanos es mínimo y, en compensación, se garantiza que el asegurado reciba una pensión hasta el final de sus días.

Lo cierto es que esa afirmación no tiene asidero real. De acuerdo a una investigación que hemos realizado, en colaboración con la Asociación de Jubilados del Nuevo Sistema de Cochabamba, dependiendo de la edad de jubilación, el sexo y la existencia de derechohabientes, entre el 10% y 20% del capital acumulado por los asegurados es distribuido para más allá de los 80 años; lo que redunda también en una pensión entre el 10% y 20% menor a lo que le correspondería si el cálculo se realizará sólo hasta los 80 u 85 años y no hasta los 110.

Aquí cabe preguntar: ¿qué sentido tiene garantizar una pensión para muchos años más allá de la vida de un jubilado y sus derechohabientes, en tanto, eso significa una drástica reducción de sus ingresos para cuando está vivo, es decir, para cuando realmente necesita?

La investigación que referencio aquí, pronta a publicarse, concluye que la aplicación de la Tabla de Mortalidad hasta los 110 años no tiene ningún sentido lógico ni asidero técnico, pero, a pesar de ello, disminuye directamente el monto de pensión de los jubilados del nuevo sistema.

Dicha investigación, muestra también que extender la longevidad está asociada con otro asunto, a saber, cuando fallece un jubilado y su derechohabiente, por supuesto antes de los 110 años, siempre queda un remanente de dinero: ¿qué hace el sistema con ese dinero?.

A diferencia de lo que sucede en otros países, donde ese dinero puede volverse herencia y/o puede ser —si se me permite el término— adelantado para aumentar el monto de la pensión; en Bolivia ese remanente se queda en el Fondo de Vejez y va en favor de los que todavía están con vida.

Es una ironía, pero quienes diseñaron el sistema de pensiones, allá por 1996, que no perdían espacio alguno para denostar al vilipendiado Sistema de Reparto, no se dieron cuenta que estaban implantando una característica fundamental del mismo: en aquel los activos aportaban para los pasivos, en este los que fallecen están aportando para los que quedan con vida.

En precisión y dicho amablemente, el sistema de pensiones boliviano no es un sistema de capitalización puro; dicho sin pelos en la lengua, es un sistema que confisca entre el 10% y 20% de los ahorros de los asegurados.

En otra oportunidad abundaré sobre este mecanismo de confiscación, para terminar el tema aquí, debo decir que cuando digo “diseñaron el sistema” estoy exagerando. Quienes participaron en el proceso, muchos de los cuales después fingieron y fungieron de “expertos” en pensiones, en realidad hicieron una mala copia de los sistemas de capitalización individual vigentes en ese momento en Latinoamérica, especialmente del chileno.

Me refiero a que en vez de potenciar los aspectos positivos del modelo, reprodujeron sus aspectos más perversos. Para muestra aquí un botón: las Tablas de Mortalidad que se utilizan en el sistema de pensiones boliviano no son bolivianas, no son las Tablas construidas por el INE de Bolivia. De acuerdo a la información que he podido recabar, son Tablas copiadas de Colombia, que han sido ajustadas grosso modo, es decir, al mejor estilo de los “expertos” de ese entonces.

¿Qué están haciendo los actuales gestores del sistema de pensiones sobre este asunto? Pues nada. Al parecer ni siquiera han comprendido el funcionamiento del sistema y sus iniquidades; y si lo han hecho no dan señal de que hagan algo para remediarlo.